Por: Adriana Guillén, presidente Ejecutiva de Asocajas
La crisis del sistema de salud en Colombia se refleja en el deterioro financiero y operativo de toda la cadena de atención.
La crisis del sistema de salud en Colombia se refleja en el deterioro financiero y operativo de toda la cadena de atención. EPS, IPS, proveedores y gestores farmacéuticos enfrentan crecientes dificultades para mantener la prestación adecuada de los servicios como resultado de una insuficiencia de recursos inducida que ha trasladado la presión financiera a toda la cadena del sistema, afectando directamente a los usuarios, la razón de ser del sistema de salud, y a quienes el Gobierno afirma proteger.
Esta situación ha impactado progresivamente el funcionamiento del sistema y, en los últimos años, se ha traducido en un deterioro significativo en el acceso a los servicios. Las peticiones, quejas y reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud se multiplicaron 3,5 veces en ocho años, observando mayor deterioro en los últimos cuatro años, mientras que la deuda del sistema con clínicas, hospitales y proveedores creció 2,3 veces, reflejando un modelo en el que los recursos ya no alcanzan para garantizar las coberturas del plan de beneficios en condiciones de calidad y ello aumenta el endeudamiento del sector.
Los números lo confirman. La tasa de acciones de tutela por cada 1.000 afiliados ha crecido de forma sostenida, pasando de 1,08 en el año 2000 a 4,75 en 2024, siendo este último el año de mayor vulneración al derecho a la salud. Cerca del 80% de los casos se concentra en problemas básicos: falta de oportunidad en medicina general y especialistas, tiempos excesivos de espera y fallas en la entrega de medicamentos.
El lado de la oferta no es menos preocupante. Aunque la apertura y el cierre de
servicios responden a una dinámica natural en la prestación, la comparación entre 2024 y 2025 revela un aumento significativo de novedades en este último año, acompañado de un deterioro sustancial. Al consolidar los cierres temporales y definitivos, se registran 15.177 novedades, cifra que duplica la observada en 2024 y supera ampliamente la apertura de 12.698 servicios.
Frente a esa realidad, los usuarios responden como pueden. El aumento del gasto de bolsillo refleja una pérdida de confianza en el sistema: el incremento en la compra de planes voluntarios de salud, medicina prepagada, pólizas y planes complementarios así lo evidencia. Según la OMS, el gasto de bolsillo pasó de 15,8 % a 17,2 % entre 2019 y 2024, y en departamentos como Guaviare y Arauca superó ese umbral, lo que representa un empobrecimiento real de los hogares por razones de acceso a la salud. En paralelo, los ingresos por planes voluntarios crecieron de 2,5 billones de pesos en 2010 a 14,6 billones en 2025, con proyecciones que superan los 16 billones en 2026: quienes pueden pagar buscan protección adicional ante un sistema percibido como incierto.
Con este contexto, el próximo gobierno deberá adoptar decisiones inaplazables. Entre ellas, cumplir las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la suficiencia de los recursos de la UPC y los presupuestos máximos, e inyectar recursos que permitan atender la carga acumulada de enfermedad y resolver los retrasos en la entrega de medicamentos. Estas acciones deberán desarrollarse mediante planes concretos, con metas y cronogramas claramente definidos.
Será necesario, también, tomar decisiones frente a las EPS intervenidas, cuya capacidad operativa y financiera ha mostrado un deterioro progresivo que afecta el acceso de cerca de 20 millones de afiliados. De manera paralela, se deberá avanzar en un proceso de saneamiento y conciliación de pagos pendientes, a través de una estrategia similar a un ‘punto final’ que permita aclarar las cifras reales de la deuda, establecer las necesidades efectivas de recursos y definir mecanismos y plazos para su cumplimiento.
Avanzar en paralelo en las transformaciones estructurales del sistema para cumplir con la premisa de que el usuario es el centro del sistema y por ello fortalecer el modelo de atención y garantizar la sostenibilidad financiera y operativa del sistema es inminente. Esa es la condición necesaria para asegurar la protección efectiva del derecho fundamental a la salud y brindar estabilidad institucional de largo plazo.