- El encuentro reunió a altos funcionarios, académicos, juristas, representantes del sector empresarial y equipos programáticos de candidatos presidenciales para analizar los principales retos del sistema de protección social colombiano.
- Hubo consenso en que el subsidio familiar es una prestación social de origen laboral: los recursos pertenecen a los trabajadores, no son recursos públicos.
- Los panelistas advirtieron que Colombia envejece más rápido de lo que sus instituciones responden: el país necesita una política estructural de envejecimiento, no solo una reforma pensional.
- La crisis del sistema de salud será la primera urgencia del próximo gobierno: los primeros 100 días serán determinantes.
Bogotá, 8 de abril de 2026. Asocajas, con el apoyo de Aliadas, Asofondos y ANIF, realizó hoy en el JW Marriott Hotel Bogotá el Gran Foro de Protección Social, un espacio de análisis técnico y deliberación pública que reunió a líderes institucionales, académicos, juristas, representantes del sector empresarial y equipos programáticos de candidatos presidenciales para abordar los principales desafíos del sistema de protección social colombiano.
El evento se estructuró en cuatro paneles que abordaron la naturaleza jurídica de las contribuciones sociales, la transición pensional, el mercado laboral y la crisis del sistema de salud.
La jornada fue inaugurada por David Escobar Arango, presidente de la Junta Directiva de Asocajas, quien hizo un llamado a construir un modelo de protección social incluyente, capaz de recoger lo construido durante décadas y, al mismo tiempo, responder a los desafíos de una sociedad que envejece y demanda mayor equidad. “El sistema de compensación es robusto, pero hoy solo cubre a menos del 50% de los colombianos. Esa exclusión ya no es aceptable”, afirmó.
Contribuciones sociales: una prestación de los trabajadores, no recursos públicos
Uno de los ejes más relevantes fue el panel sobre la naturaleza jurídica de las contribuciones sociales. Con la introducción de Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, y la participación de Saida Quintero, Julio Roberto Piza y David Fernández, se reiteró que el aporte del 4% al Sistema de Compensación Familiar es una prestación social de origen laboral, financiada por empleadores privados, administrada por entidades privadas y destinada exclusivamente a los trabajadores y sus familias. La Corte Constitucional ha reconocido este aporte como un derecho fundamental, y existe una prohibición expresa de destinar estos recursos a fines distintos. Actualmente, el sistema atiende a más de 12 millones de afiliados.
Sin embargo, se evidencian tensiones estructurales. Según el informe Pulso a la Formalidad de Asocajas, cerca del 0,6% de las empresas —las más grandes del país— aportan casi la mitad de los recursos, mientras que el 10% de los trabajadores formales de mayores ingresos financia los beneficios del 90% restante. En 2025, los trabajadores afiliados crecieron apenas 0,31%, y regiones clave como Bogotá y Valle del Cauca registraron pérdida de afiliados.
Transición pensional y mercado laboral: la informalidad como nudo central
Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos; Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y vicerrector de la Universidad de los Andes; y Óscar Becerra, profesor de Economía de esa misma universidad, coincidieron en que la informalidad —que hoy afecta al 63% de la fuerza laboral— es el problema central del sistema: sin empleo formal, no hay aportes; y sin aportes, no hay cobertura. A esto se suma que en 2025 la tasa de fecundidad cayó a 1,06 hijos por mujer, y el país aún carece de una política integral de envejecimiento que trascienda lo pensional.
Desde la perspectiva del mercado laboral, José Ignacio López, María Claudia Lacouture y César Giraldo ofrecieron visiones complementarias. López advirtió que Colombia presenta rezagos frente a América Latina en materia de formalidad. Lacouture subrayó que el crecimiento económico basado en el consumo no es sostenible, y que sectores intensivos en empleo formal, como la construcción, siguen rezagados. Giraldo destacó señales positivas como el crecimiento real del salario mínimo desde 2022 y el aumento del 15% en los ingresos del sector informal en 2025, aunque hubo consenso en que la protección social de los trabajadores no asalariados sigue siendo una deuda estructural.
Salud: la urgencia del próximo gobierno
El cierre de la jornada se centró en la crisis del sistema de salud. Augusto Galán, exministro de Salud y director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, abrió el panel con un diagnóstico contundente: ningún sistema de salud es viable sin financiamiento adecuado, y Colombia enfrenta actualmente su mayor crisis en este frente.
Los equipos programáticos de Claudia López, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo, junto con el candidato presidencial Roy Barreras, presentaron sus prioridades para los primeros 100 días de gobierno. A pesar de las diferencias, coincidieron en la necesidad de medidas inmediatas: liquidez para el sistema, un esquema de coordinación tipo “puesto de mando unificado” y decisiones estructurales impostergables.
“Este Foro demuestra que cuando convergen la evidencia, la academia, el sector privado y la política pública, la discusión sobre protección social se eleva. Colombia necesita estos espacios. Nos vamos con una agenda más clara y con la convicción de que el sistema debe ser para todos, no solo para quienes están en la formalidad”, afirmó Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas.
El Gran Foro de Protección Social se consolida así como el espacio de referencia para posicionar este tema en la agenda pública. En un contexto electoral decisivo, Asocajas reafirma su compromiso de aportar evidencia, articular actores y defender los derechos de los trabajadores formales y sus familias.