Las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), muestran que en el país hay más 3,4 millones de colombianos desempleados, una de las principales razones es la pandemia, ya que en marzo del 2020 se registraron 2,9 millones de personas sin trabajo.
Ante este panorama, han surgido iniciativas para ayudar a emplear personas y contribuir a la reactivación económica, algunas de ellas se han enfocado en apoyar a poblaciones vulnerables como lo son las víctimas del conflicto armado, que ha afectado a 9,1 millones de colombianos.
Tal es el caso de la Estrategia Integral de Inclusión Laboral para Víctimas del Conflicto Armado, una iniciativa de la Unidad del Servicio Público de Empleo (UAESPE), que contó con el apoyo de Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La Estrategia, que se lanzó en octubre de 2020 y se extendió hasta mayo de este año, consiguió colocar a 1.804 víctimas del conflicto armado colombiano en empleos formales en 50 empresas alrededor del país.
“Una de las premisas que plantea la Estrategia es el reconocimiento de las grandes capacidades de los trabajadores, de su historia y su cambio y evolución a través del proceso. Por ejemplo, su alta capacidad de gestión y sus actitudes asertivas. Esto las convierte en candidatas idóneas para dinamizar procesos de innovación al interior de las empresas”, afirmó Angi Viviana Velásquez, directora de la UAESPE.
Adicionalmente, esta Estrategia nació con dos objetivos: promover la reactivación económica en medio de la pandemia del Covid-19 y contribuir a la empleabilidad de la población víctima del conflicto y de grupos étnicos.
Poco más de la mitad de los beneficiarios (50,9 %) con este programa fueron mujeres, 49 % hombres y 0,09 % población LGBT+.
Precisamente, una de ellas fue Valentina, una joven quien fue desplazada junto a sus padres de Montebello (Antioquia) y hoy cuenta con un trabajo estable en Supermercados La Vaquita en Sabaneta, en el mismo departamento.
“Yo estaba muy pequeña cuando nos desplazaron, pero un día les dijeron a mis papás que se tenían que ir. Llegué a esta empresa por un proceso de selección para ser auxiliar del call center y una persona que sabía de mi situación me ayudó a mandar la hoja de vida”, contó Valentina, quien actualmente vive con su papá y tres hermanas más.
Otro caso es el de Alba, quien gracias al programa de la UAESPE ahora trabaja como despulpadora en Fresh Colombia, una empresa ubicada en Antioquia.
“Tengo un niño de tres años y mi esposo un día dijo ‘no más’ y se fue. Siempre he sido ama de casa y me preguntaba si por mi edad me iban a contratar y qué habilidades tenía, pero por mi hijo saqué fuerzas y envié mi hoja de vida a Fresh, que en ese momento estaba buscando personal y ahora estoy aquí y ha sido una bendición para mi vida”, resaltó Alba.
Por último, está el caso de Luz Estela, quien ahora trabaja en el sector de costura en Ser Textil, una empresa del Valle del Cauca.
“Mi familia y yo somos víctimas de la violencia. Hace 30 años me mataron a mi hermano, por culpa de esto mi otro hermano menor y mi mamá sufrieron enfermedades mentales. Nos ha tocado duro, pero aquí estamos”, relató Luz Estela.
Sumado a esto, la Estrategia también incluyó poblaciones pertenecientes a pueblos indígenas, afrodescendientes y en condición de discapacidad, entre otras.
De 18 departamentos del país son las pequeñas, medianas y grandes empresas que le apostaron a esta iniciativa y hoy cuentan en su nómina con víctimas del conflicto armado.
Cundinamarca (1.219 empleados), Bogotá (249), Meta (99), Antioquia (86) y Valle del Cauca (57) son las principales regiones donde más empleos se pusieron a disposición de esta población.
La Estrategia nació a partir de una convocatoria para agencias, bolsas de empleo autorizadas y empresarios que quisieran participar.
En total, 85 compañías en todo el país manifestaron interés en hacer parte de la iniciativa y al cierre de la convocatoria fueron 50 empresas las seleccionadas, de estas el 74 % fueron mipymes y el 26 % restantes grandes empresas.
Agricultura, confecciones, servicios y construcción, comercio al por menor, alimentos y vigilancia, entre otros fueron los principales sectores de las compañías vinculadas.
Por ejemplo, en Productora Ancona, empresa de confecciones y maquila de ropa ubicada en el barrio Andalucía de Bello (Antioquia), contrataron a nueve víctimas del conflicto.
“Esta estrategia es una oportunidad para hacer vinculaciones con sentido social y ayudar a hacer país como empresario. Las personas que contratamos son muy agradecidas con el trabajo y hemos tenido una experiencia muy bonita con ellas”, afirmó Andrey Pérez, gerente de Productora Ancona.
Uno de los casos más destacados en este proceso es el de Dalia Calderón, quien a pesar de haber sido desplazada, hoy su empresa ConfeccionArte emplea a 23 víctimas del conflicto.
Todo comenzó en 2006, cuando Dalia alquiló una máquina de coser y empezó a hacer confecciones junto a sus cinco hermanas. Así nació esta empresa, ubicada en Bello y que ya emplea a 135 personas.
“Bello es un municipio que acoge a muchos desplazados, por tal razón el sector productivo debe estar reinventándose constantemente para poder atender sus necesidades y brindarles nuevas oportunidades de vida”, recalcó Dalia.
Además, esta mujer no se preocupa solo por emplear víctimas, también apoya el fortalecimiento personal y familiar de sus equipos de trabajo, prueba de esto es una madre que labora en ConfeccionArte logró que su hijo se graduara como veterinario.
“La mayoría de personas que vienen a sumarse al proceso aportan a la organización, esa es la tarea que ellas de alguna manera se proponen, pero la empresa también tiene la responsabilidad y la misión de hacerlas mejores personas”, dijo Dalia, cuya empresa ha producido 10 millones de prendas y cuenta con 250 máquinas de confección.
Además de abrir la convocatoria para hacer realidad esta Estrategia, el modelo que implementa la Unidad del Servicio Público, con el apoyo de USAID y OIM, fue más allá.
Brindar apoyo técnico para la contratación, recursos para el apalancamiento de costos laborales y el cierre de brechas laborales, y acompañamiento psicosicial en el proceso de inserción laboral, fueron algunos de los servicios ofrecidos por la UAESPE.
“Las 50 empresas que se vincularon accedieron a un apoyo económico (por única vez) para el apalancamiento de costos laborales por valor de $1’470.986 por cada víctima contratada, facilitando su contratación”, explicaron desde la UAESPE.
Por último, cabe destacar que los 1.804 beneficiarios tienen un contrato formal de trabajo, cuyo sueldo es de por lo menos un salario mínimo mensual con una duración no inferior a seis meses.
Para Cristina de Armas, especialista en capitalismo consciente, la empleabilidad les abre las posibilidades a todos los grupos sociales, además, debe ser una misión de todos los colombianos, ya que a través del empleo se pueden tocar vidas y familias.
Cristina, quien será una de las conferencistas en el foro de mañana ‘Empresas Incluyentes: El camino de la integración laboral de las víctimas’ (ver recuadro), asegura que la inclusión laboral es una potente herramienta para derrumbar y transformar estereotipos que por muchos años se les han adjudicado a comunidades diversas, como por ejemplo víctimas del conflicto.
“Cuando me retiré de mi burbuja de comodidad corporativa vi que el tema de inclusión era la mejor forma para despertar las conciencias de los empresarios y las organizaciones, quienes tienen la posibilidad de abrir espacios para las comunidades diversas”, dijo Cristina.
Precisamente, esta mujer, quien además es CEO de la empresa InspirandoT y especialista en triple impacto (económico, social y ambiental), cuenta que en el país ya hay varios casos de éxito de empresas que le apostaron a la inclusión social.
“Una de ellas es una compañía que desde hace 14 años incorporó a gente que venía de la guerrilla, si bien en un principio lo hacían confidencialmente por temas de seguridad, hoy ya han revelado casos en los que estas personas ya se reincorporaron por completo a la vida civil y recuperaron su vida en sí”, dijo Cristina.
Adicionalmente, se hace énfasis en que la inclusión laboral debe hacerse con todo tipo de población y no enfocarse con una.
“Necesitamos dejar de mirar el tema de inclusión como si fuera ajeno. No podemos hablar de esto solo como un tema de responsabilidad social corporativa, esto se quedó atrás. Estamos hablando de un tema en donde la inclusión de personas con su diversidad y magia es un imperativo. La organización que no esté allí está quedándose muy atrás”, concluyó Cristina de Armas.
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