Ya la reforma tributaria del año 2012 por la cual se eliminaron 13.5 puntos de aportes parafiscales del ICBF y SENA; nos muestra el poco impacto de este tipo de medidas, solo 3 puntos sobre la formalidad empresarial, y entre 1.2 a 2.2 en la tasa de informalidad nacional, es decir casi imperceptible frente en la creación de trabajo asalariado. Incluso en 2018 el doctor Sergio Clavijo, Expresidente de ANIF refiriéndose al desmonte de las cargas parafiscales aseguró que “(…) Si bien el movimiento fue en la dirección correcta de contribuir a mayor formalización laboral, su impacto ha sido más bien marginal, pues la masa de trabajadores que cotiza 12 meses del año continúa siendo tan baja como un 15% de la Población Económicamente Activa”.
Ahora, ¿por qué dicha reforma no eliminó el aporte a las Cajas? Porque el vacío de servicios que generaría en la población y el hueco fiscal no podrían ser cubiertos. Actualmente, Las Cajas atendemos a 22 millones de colombianos (de los cuales el 75% son clase media emergente) con acceso a educación, cultura, recreación y turismo; dinamizamos el sector de la construcción a través de los subsidios de vivienda; apoyamos a los trabajadores cesantes a vincularse nuevamente a la vida laboral y entregamos subsidios al desempleo; formamos a los trabajadores en conocimiento productivo y atendemos la tercera parte de afiliados al Sistema General de Salud. Además, cabe mencionar que estas personas de las que se ocupan las cajas, no son atendidas por el presupuesto nacional.
Es claro que para cerrar las brechas de la productividad y la formalidad en Colombia la reducción de costos es apenas una de muchas aristas, se debe partir de reconocer las múltiples causas de esta problemática y evaluar puntos álgidos de este fenómeno multidimensional como: promoción de la bancarización, calidad y pertinencia de la educación, mejoramiento de la infraestructura, el desarrollo tecnológico y claro la diversificación y la innovación que nos lleva discusiones más importantes como el valor agregado de la producción. Precisamente, el documento CONPES “Política de Formalización Empresarial” del 2019, plantea alrededor de 7 aspectos, entre los cuales no menciona costos labores y por el contrario se enfoca en medidas como el acceso al crédito, tasas de inversión, tamaño y regulación de los establecimientos y mano de obra calificada.
El Sistema de Compensación Familiar es el mecanismo mediante el cual los empresarios, a través de sus aportes, contribuyen a la generación de equidad y bienestar, un tema que cobra mayor relevancia en este momento por el cual atraviesa el país. Por esto, la propuesta de Asocajas es abordar esta problemática bajo una mirada holística, conversar, encontrarnos y articularnos. Ministros, Representantes del Gobierno, líderes gremiales, trabajadores, empresarios y académicos, debemos reunirnos para analizar esta realidad que requiere con urgencia una mirada integral y analítica.
“Es cierto que es importante reducir el costo de crear empleo, pero también se debe ser cuidadoso al momento de decidir de qué costos prescindir, pues no podemos perder de vista la proporción del beneficio que se irradia a partir de este aporte a 22 millones de personas y la imposibilidad actual de que el mismo sea asumido por el presupuesto público como ocurrió en el caso de los aportes al SENA y al ICBF. Eliminar este aporte empresarial pondrían en serios aprietos al sector vivienda, salud y educación con el cual indirectamente generamos de formalidad y acabaría de tajo con el acceso a recreación cultura y turismo para la población”. Adriana María guillén Arango, Presidente Ejecutiva de Asocajas.
