Se trata de un concepto de la Antropología Social que busca, mediante mecanismos, mitigar la desigualdad. De allí que la redistribución de riqueza debe velar por la movilidad social, la atención de los grupos más vulnerables y la recuperación de la confianza institucional y de las empresas. Lo último es clave para recuperar la voluntad de ayuda.

Las discusiones sociales se han tomado la agenda del país y en el centro está cómo brindar equidad, bienestar y mejorar la vida digna de los colombianos. Sin embargo, la pregunta es ¿cómo? Partimos del acuerdo social de velar por la protección de los más vulnerables y construir mecanismos de redistribución de riqueza, donde la base para lograrlo está en la generación de esa misma riqueza. Y ahí surge la necesidad de construir puentes y diálogos incluyentes en los que los diversos actores puedan jugar un rol determinante.

Por ejemplo, los empresarios. Así lo han hecho ver en distintos escenarios, como el caso de César Caicedo, presidente de Colombina y seleccionado como empresario del año del diario La República en el pasado mes de marzo. En su discurso, Caicedo explicó que desde hace un lustro el rol de los empresarios no es solo maximizar la rentabilidad económica de sus empresas, sino en construir un propósito superior que tenga un alto impacto en sus grupos de interés.

Es lo que en el Capitalismo Consciente se denomina “el espíritu heroico de los negocios” y en la creación de valor y bienestar. Es decir, son ellos protagonistas de la generación de la riqueza y quienes velarán por repartir desde la abundancia y no desde la escasez.

Esa noción prácticamente fue la que giró alrededor de los temas que se trataron durante el séptimo Congreso Empresarial Colombiano de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) a mediados de 2022. El eje central de la agenda fue el desarrollo social y la necesidad de crear un escenario de país que garantizara la generación de riqueza, que permitiera una adecuada redistribución.

En este escenario, plantearon en estas discusiones de la ANDI, no se limita a la generación de empleos formales, sino del fortalecimiento del bienestar de las familias colombianas. La idea central es que haya mejores condiciones de vida, impulsar la formalidad y trabajar en el capital social de las empresas.

Uno de los ejemplos de países que ha logrado construir políticas efectivas de redistribución para consolidar Estados de bienestar es Corea del Sur, en el que se ha logrado mediar la tensión entre la necesidad de tener más flexibilidad en las políticas laborales y la creación de una cobertura universal de servicios sociales. Al igual que en muchos países, como el mismo Colombia, se lograron consensos en los aportes sociales, el aumento del gasto social y la consolidación de instituciones de bienestar que impulsaran la redistribución que demandaba la sociedad coreana.

De ahí la necesidad de crear, en un trabajo colaborativo con el sector público, escenarios que brinden garantías a las empresas para tener la posibilidad de aumentar su productividad, competitividad y generación de ingresos, en pro de consolidar mecanismos de redistribución efectivos.

En el centro de la discusión continuarán apareciendo posiciones que consideran “excesivas las cargas sociales y regulaciones” que afectan el crecimiento de las empresas; sin embargo, ejemplos como el de Corea, países del sudeste asiático y otros de la Unión Europea han demostrado que la productividad y competitividad del sector productivo está asociada a la creación se sistemas de redistribución, los cuales permitan consolidar ciclos de bienestar para los grupos más vulnerables, fortalecer la clase trabajadora y mejorar los índices de pobreza y desigualdad.

 ¿Lo está logrando Colombia?

En medio de la transformación social que se quiere impulsar en el país, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó un estudio sobre “Percepciones y bienestar subjetivo en Colombia: más allá de los indicadores tradicionales”, el cual evidencia un complejo panorama sobre la sensación que tiene los colombianos para encontrar y aportar soluciones en esta materia.

La principal conclusión del estudio es que en el país las personas subestiman la magnitud de la desigualdad económica y la tasa de pobreza. Una situación que impacta directamente en la noción de bienestar, incrementa los niveles de desconfianza, genera prevención frente a las instituciones y el sector productivo, y ahonda los problemas de desigualdad. Al final de cuentas, un escenario que crea un obstáculo para la generación y redistribución de la riqueza.

“Las personas subestiman la magnitud de la desigualdad económica del país y tienden a considerarse en las posiciones medias de la distribución de ingresos, debido a que los más pobres se ubican en posiciones sociales menos pobres y los más ricos se consideran en posiciones sociales menos ricas (…) las personas de las clases alta y media no son conscientes de su posición favorecida, mientras los más pobres se creen menos desfavorecidos”, se lee en el estudio.

Cuando las personas que más ingresos generan sienten que tienen menos o los más vulnerables normalizan su situación, se crea un escenario de negatividad para apoyar el pago de impuestos que permiten financiar mecanismos de redistribución que promuevan la movilidad social. A esta variable económica, se suma la sensación generalizada de falta de acceso a oportunidades, entendidas como la posibilidad de tener educación, justicia, salud, vivienda y ofertas laborales.

“La desigualdad de oportunidades tiene un papel crucial, ya que se traduce en poca movilidad social para los grupos vulnerables de la población, lo que ocasiona que la divergencia de ingresos se perpetúe o incluso aumente”, señala el estudio.

Para el PNUD, este contexto también se debe a la pérdida de confianza de los colombianos, principalmente en las instituciones y las empresas:  “La alta desigualdad económica del país está en el centro de la falta de confianza, que limita la asociatividad y, en consecuencia, la construcción de capital social, lo que tiene implicaciones negativas para el desempeño económico (…) Los altos niveles de pobreza y de desigualdad están en el centro de la enorme desconfianza, con efectos negativos en la productividad, lo que a su vez puede exacerbar las desigualdades. En este orden de ideas, la gran desconfianza en Colombia puede ser uno de los factores que crea un círculo vicioso entre la alta desigualdad y la baja productividad”, es una de las conclusiones del estudio.

¿Cuál es el camino?

Para recuperar la capacidad de generar riqueza y distribuirla, el país debe reconstruir puentes para aumentar los índices de confianza. Con ese respaldo, los mecanismos de redistribución podrán cumplir su objetivo: proporcionar recursos adicionales, ya sea dinero o servicios, a grupos específicos de la sociedad para generar desarrollo humano.

Estos mecanismos, más allá de un incremento en el umbral de ingresos o entregar un subsidio, son procesos que permiten empoderar a un grupo de personas que comparten intereses y valores para impulsar transformaciones sociales. Por eso, trabajan en varios frentes: protegen grupos vulnerables para responder a sus necesidades; y brindan herramientas para impulsar la movilidad social y la consolidación de una clase social autónoma que aporta a la generación de riqueza.

El gran desafío es no solo concentrarse en crear programas para los más pobres, sino ampliar los mecanismos de redistribución a todas las clases sociales en estado de vulnerabilidad y que tienen la capacidad de impulsar los cambios. Un ejemplo son la base de los trabajadores formales, que, a pesar de tener un ingreso constante, sus hogares siguen en estado de vulnerabilidad y en muchos casos por debajo de la línea de pobreza (Ver infografía).

Ante este panorama, los mecanismos de redistribución deben trabajar en doble vía: lograr una protección real de grupos vulnerables para responder a sus necesidades y brindar herramientas que permitan a las personas adueñarse de su propia existencia para generar movilidad social, consolidar una clase social autónoma y que no dependan de lo que el Estado les otorga. Es decir, que tengan la posibilidad de convertirse en arquitectos de su propio destino y convertirse en un actor productivo.

Una meta que se cumple cuando se crean programas pertinentes y efectivos, que ofrecen herramientas para la planeación de un proyecto de vida, la toma de decisiones, la asociatividad y la generación de nuevas habilidades en relacionamiento y liderazgo para la acción colectiva.

Ese es el camino para crear un ambiente de bienestar y armonía, en el que la personas trabajan en asociación por cumplir un propósito superior que les permita generar y redistribuir riqueza, sin importar su posición social. Cerrar las brechas económicas y garantizar el acceso a oportunidades, aumenta la legitimidad de las acciones colectivas que transforman un país a partir de las necesidades de sus habitantes.

¿Existe algo similar en Colombia?

El mecanismo de redistribución que ha demostrado logros palpables es el Sistema de Compensación Familiar. Desde hace cerca de siete décadas las Cajas son una herramienta que genera inclusión y bienestar a más de 20 millones de colombianos.  Un trabajo con profundo sentido social y alta capilaridad territorial.

Cuando se habla de confianza institucional, las Cajas de Compensación Familiar llegan a tener el respaldo del 51% de los colombianos –según la última encuesta de YanHass sobre niveles de confianza institucional en el país–, pues su atención se concentra en trabajadores formales aún vulnerables que están por fuera del radar de las políticas de subsidio estatales.

Es decir, su rol es identificar y focalizar servicios a población no beneficiaria de paquetes del gobierno que, aun teniendo un empleo, están por debajo de la línea de pobreza o cerca.

¿Cómo lo logran? Al ser un mecanismo eficiente de redistribución de riqueza, promueven un círculo virtuoso con la creación de un sistema que garantiza el acceso a servicios como educación, vivienda, protección al desempleo, turismo y recreación; y a través de la entrega de subsidios y un acompañamiento permanente dota de herramientas a los trabajadores formales colombianos que están en el camino de consolidarse en una clase social que les permita tener autonomía y mejores ingresos.