Asocajas impulsa creación de nuevo beneficio del Mecanismo de Protección al Cesante

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Bogotá D.C., junio 28 de 2022 – Desde el 2013 las Cajas de Compensación Familiar a través del Mecanismo de Protección al Cesante (MPC), han apoyado a los colombianos que pierden su empleo, brindando durante seis meses la protección social (salud, pensiones y cuota monetaria del subsidio familiar), acceso a los servicios de gestión y colocación y capacitación para la reinserción laboral.
  • El gremio trabaja junto al Gobierno Nacional en un proyecto de ley que crea una transferencia monetaria por un valor total de 1.5 salarios mínimos, que se entregará durante cuatro meses.
  • Los beneficiarios continuarán recibiendo protección social (salud, pensiones y cuota monetaria del subsidio familiar), acceso a los servicios de gestión y colocación y capacitación para la reinserción laboral.

En el marco de la emergencia económica declarada por el Gobierno Nacional para atender la coyuntura generada por la pandemia del COVID-19, se creó de manera transitoria un Auxilio Económico de Emergencia que consistió en una transferencia monetaria de 2 salarios mínimos divididos en tres meses.

Durante la pandemia, las Cajas de Compensación entregaron el subsidio de emergencia al cesante a 537 mil personas que perdieron su empleo, lo que significó la entrega de más de 1.457 mil millones de pesos.

Con el fin de la emergencia económica, a partir del primero de julio se dejará de entregar la transferencia monetaria como parte de los beneficios al cesante, volviendo a los beneficios iniciales que ofrecen salud y pensión, acceso a los servicios de gestión y colocación y capacitación para la reinserción laboral.

Conscientes de la importancia de proteger a los cesantes con una transferencia monetaria, las Cajas de Compensación Familiar y el Gobierno Nacional trabajan de manera conjunta en un proyecto de ley que crea una transferencia monetaria por un valor total de 1.5 salarios mínimos, que se entregará durante cuatro meses en cuotas decrecientes, y otorga la cotización a salud y pensiones por 1 salario mínimo durante cuatro meses. Este proyecto de ley se encuentra a la espera de la firma presidencial, por lo que las Cajas ya están preparando su implementación.

“Las Cajas de Compensación hemos sido durante muchos años el aliado más importante para los trabajadores que pierden su empleo, pero queremos garantizarles una mayor protección y sabemos que el apoyo monetario es fundamental en este proceso. Por eso, nos hemos comprometido con este proyecto de ley que esperamos sea sancionado pronto y podamos empezar a operarlo cuanto antes”, afirmó Adriana Guillén Arango, presidenta de Asocajas.


Sobre el fin del subsidio de emergencia al cesante

Con el fin de la emergencia económica, que se dará el 30 de junio, se volverá a las condiciones iniciales del Mecanismo de Protección al Cesante. Es decir que, las personas que pierdan su empleo a partir del 1 de julio podrán recibir durante seis meses la protección social (salud, pensiones y cuota monetaria del subsidio familiar), acceso a los servicios de gestión y colocación y capacitación para la reinserción laboral, pero ya no recibirán la transferencia monetaria del Auxilio Económico de Emergencia.

Como parte de este cambio y de un proceso de transición, las personas que actualmente reciben los beneficios de la emergencia económica los continuarán recibiendo en las condiciones asignadas; y para las personas que se les asignen los recursos antes del 30 de junio recibirán los beneficios en las condiciones que se presentaron así la transferencia se realice posterior a la fecha de finalización de la emergencia.

Es importante tener en cuenta que para quienes se postulen antes del 30 de junio, pero sus procesos de asignación y validación de las condiciones se dé en fechas posteriores, la Caja tendrá la autonomía para validar si cuenta con los recursos financieros para brindar los beneficios de emergencia o los beneficios iniciales del MPC. Por esta razón, las cajas podrán definir fechas de cierre previas al fin de la emergencia económica para contar con el tiempo adecuado de validar y asignar los recursos.

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