Asocajas impulsó una conversación sobre la dignidad del ser humano en su congreso 31, es por esto que decidimos en esta edición de Caja de Resonancia profundizar sobre algunos casos mencionados, así como el rol de las instituciones y la sociedad en la mejora de la dignidad de los ciudadanos.

Más allá de los conceptos jurídicos, etimológicos donde podemos hablar del latín dignitas o dignus, queremos ver ejemplos que han ocurrido e impactado la vida de las personas. Bien lo ejemplifica la magistrada y presidente de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz al cuestionar la dignidad, por ejemplo, en el trabajo. “¿Qué es trabajo digno? ¿trabajo digno para usted es vender frutas en la calle? ¿los vendedores ambulantes tienen un trabajo digno? o para muchos ese no es un trabajo digno y por eso no se protege. El trabajo digno es el que tiene la posibilidad de
tener luz, agua y servicios”, anotó.

El olor de la dignidad
Uno de los casos que recogemos es el estudiado en 1998 por la Corte Constitucional gracias a la acción de tutela que interpuso Humberto Cardona para proteger sus derechos a la vida y salud por cuenta del derrumbe que se presentó en el relleno sanitario Doña Juana. Lo llamativo de este caso es que fue de las primeras jurisprudencias que abordó como parte de la dignidad, la elección de un ambiente libre de olores que afectaran su derecho a un ambiente sano.

En este caso particular, la Corte Constitucional explica que “ha determinado la posibilidad de conexión entre la afectación del derecho a un ambiente sano y el derecho fundamental a la intimidad, en la medida en que la capacidad de autodeterminación de una persona se vea afectada por problemas ambientales que se originen en la negligencia de terceros”2.

El impacto en el bienestar de la familia de Humberto Cardona llevó a solicitar el amparo y obligar a la Alcaldía de Bogotá y el operador del
relleno sanitario a mitigar el impacto ambiental que terminó siendo el plan de saneamiento básico que implementó el Distrito en la primera década de 2000.

Dignidad para decir adiós
También se lucha por la dignidad y evitar el sufrimiento cuando el único remedio que tiene el ser humano es la eutanasia. En Colombia, el primer caso de una muerte asistida legalmente se dio en marzo de 2015 cuando a través de una tutela, Ovidio González, padre del caricaturista ‘Matador’, se sometió al procedimiento luego de padecer un doloroso tratamiento contra el cáncer. La decisión avivó un debate en el país sobre el derecho a una muerte digna.

Y aunque fue la primera eutanasia en practicarse legalmente, el camino se había construido un año atrás, en 2014, cuando la Corte Constitucional había estudiado la tutela de Julia, una mujer que sufría de un cáncer muy invasivo en su pelvis que había hecho metástasis y la dejaba en la condición
médica de paciente terminal. El padecimiento de Julia, a quien su médico tratante negó la eutanasia señalando que era un “homicidio” fue abordado por el Alto Tribunal como el elemento clave para sentar jurisprudencia y la posterior reglamentación del Ministerio de Salud, meses antes de la eutanasia aplicada a Ovidio González.

La ruralidad y la dignidad
Ahora bien, ¿quién mide la dignidad y el bienestar cuando se habla de temas de desarrollo, la pugna entre lo urbano y lo rural? Un debate por la
dignidad del campesino en su territorio viene ocurriendo desde 2003 en La Requilina, una de las 14 veredas de la localidad de Usme y la de mayor
riesgo de ser consumida por la expansión urbana. La investigación fue adelantada por el profesor de la Universidad Javeriana, Manuel Pérez, quien indaga sobre el reto en materia de gestión pública de equilibrar la creciente necesidad de mayores espacios para la urbanización con la protección de las costumbres y tradiciones de las comunidades. También pone sobre la mesa la defensa de la vida rural como una forma de vida digna. 3

Los proyectos productivos en La Requilina son la muestra de una economía solidaria como en los productos lácteos que hacen en Santa Mónica y que son dirigidos por Rosa Himelda Muñoz.

En su planta cerca de 20 familias se benefician del empleo que se genera para la producción de quesos y yogures. “La dignidad no la da un conjunto
residencial, unos ladrillos o el cemento sino la armonía con la naturaleza, el respeto por el territorio y por los seres humanos. Si usted no tiene eso, no tiene nada”, explica Muñoz. Y a pesar de la dificultad cuando se compite con las ladrilleras, las industrias y otras actividades de alto impacto, los habitantes de esta vereda lograron el apoyo para tener una Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria (ULATA).

También para crear el sendero turístico de La Requilina en el que se rescatan las costumbres campesinas, destacando las construcciones artesanales y uniendo entorno a este proyecto a las comunidades residentes de la zona.

Mujeres con dignidad
La magistrada de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, mostró en la conversación que impulsó Asocajas el caso de la protección de los derechos
de las mujeres habitantes de calle a tener acceso a una adecuada higiene menstrual. “Ese caso muestra cómo hace una habitante de la calle mujer
para poder cubrir sus necesidades de higiene” afirma la magistrada.

Lo interesante es que esta sentencia que estudió la Corte Constitucional pone en evidencia las carencias que tienen las mujeres habitantes de
calle para suplir sus necesidades básicas como el acceso a los baños o toallas higiénicas. En este caso, gracias a tres estudiantes que presentaron a
través de la una tutela la solicitud de proteger a las cerca de 2.000 habitantes de calle que viven en Bogotá, se ordena a la Secretaría de Salud Distrital a entregar el kit de higiene.

Otro de los ejemplos fue ilustrado por la ministra de Justicia, Margarita Cabello, al destacar el reconocimiento de los derechos laborales a una
prostituta. El caso que ocurrió en Chinácota, Norte de Santander, buscaba el cierre de un bar donde trabajaban cuatro prostitutas por estar ubicado
cerca al colegio del municipio. Nelcy Ramírez, propietaria del bar y sus cuatro trabajadoras sexuales, presentaron mediante la tutela la protección al derecho al trabajo argumentando que el municipio no cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial en el que se incluya las zonas de tolerancia.

Al respecto, la Corte reconoció el derecho a un trato de trabajador en condiciones regulares. “Las personas que vienen realizando trabajo sexual
gozan de una protección basada en los derechos de igualdad, libertad y dignidad. Estos constituyen la principal defensa de un colectivo constantemente vulnerado y discriminado, social y legalmente”.

Agrega el Alto Tribunal que “si el Estado, a través de todas sus autoridades, incluida la justicia, pretende detener los estereotipos y la estigmatización que generan una persecución moral, que se ha trasplantado al ordenamiento jurídico, debe atender a las garantías constitucionales que justifican una especial protección”.

Finalmente, vale la pena destacar la apuesta decidida a proteger la equidad de género con la sentencia T-366 del 2019 cuando se le reconoce el derecho a una niña arquera de un equipo de fútbol a poder seguir jugando en un campeonato cuyo equipo había sido excluido porque habían incumplido una regla ficticia de la FIFA que impedía equipos mixtos. En ese sentido, la
ministra Margarita Cabello señala que “aquí es un reconocimiento asociado con el género, pero también con la dignidad que va más allá
de las prestaciones comunes sino el derecho a recrearse, a poder ser feliz jugando con una pelota en un equipo”.

1. Corte Constitucional. Sentencia T-881 DE 2002. Tomado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/t-881-02.htm

2. Corte Constitucional. Sentencia T-244 de 1998. Tomado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-244-98.htm

3. Capítulo 3. Evidencia empírica en la configuración de los espacios urbano/rurales en la ciudad de Bogotá (Pág. 69-160) en: Pérez Martínez Manuel Enrique y otros (2011) Pobladores y espacios rurales en la
ciudad de Bogotá. La Voz de los Actores Locales. Colección Libros de Investigación. Vicerrectoría Académica Pontificia Universidad Javeriana. (2011) ISBN 978- 7 958-716-423-7