Por: Édmer Tovar Martínez, periodista económico y actual country manager de MileniumGroup

La inflación es el ‘impuesto’ que más afecta a los hogares en cualquier parte del mundo. Es un mal de la economía especialmente las familias de menores ingresos y que encarece la vida de todos.

Esa es la razón por la que las autoridades económicas de los países que viven hoy una oleada de aumento de precios –y que son la mayoría– están preocupadas por este fenómeno. Al tiempo, avanzan en la búsqueda de fórmulas para que este indicador no siga desbocado, como consecuencia del coletazo de la pandemia.

Lo anterior significa que Colombia no es el único país que tiene las alarmas prendidas por el alza generalizada de los precios de los productos de la canasta familiar. Es más, aquí no vale el dicho que indica que “el problema de muchos es consuelo de tontos”, pues algunas de las razones de la carestía obedecen en buena parte a factores externos que, en el caso colombiano, se salen del control del Banco de la República, como autoridad encargada constitucionalmente del manejo de la inflación en el país.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos 12 meses, hasta abril pasado, se ubicó en 9,23%. Una cifra que no se veía desde hace 21 años.

Este dato significa, nada más ni nada menos, el borrón del incremento del 10% del salario mínimo que empezó a regir el 1 de enero. A pesar de que muchos lo consideraron exagerado, pues la inflación causada en 2021 fue de apenas 5,62%, hoy esa cifra no representa ningún crecimiento.

En efecto, la ortodoxia económica indica que el aumento de salario por encima de la inflación causada hace subir los precios, impacta el crecimiento económico y se convierte en un obstáculo para la creación de empleo formal.

Contrario a lo que sucede en otros países, en Colombia se presenta un fenómeno muy particular. Al examinar los tres efectos mencionados atrás como producto de un elevado aumento de la remuneración básica –es decir, inflación–, menor dinámica económica y congelación de puestos de trabajo, dos de estos resultados no han sucedido.

Según el DANE, la economía creció 10,62% en 2021 y en el primer trimestre del 2022 se ubicó en 8,5%, en tanto que la tasa de desempleo cayó en marzo pasado a 12,1%. Es decir que regresó a los niveles de prepandemia.

No obstante, según las cifras, la lógica económica de que los aumentos de salario por encima del IPC generan inflación se está cumpliendo a cabalidad en el país. Como las personas que devengan el salario mínimo mejoraron su ingreso desde enero pasado con un ajuste del 10%, entonces gastan más, y ese incremento de la demanda hace subir los precios.

Y no es que la gente gaste más porque no sepa manejar el dinero, sino porque ese ingreso sigue siendo insuficiente para cubrir sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. Aquí vale la pena decir que, en Colombia, nadie que gane un millón de pesos mensuales tiene capacidad de ahorrar algo de dinero. El ahorro de quienes reciben el mínimo se genera por la vía de hacer grandes esfuerzos para invertir en educación, el pago de una cuota hipotecaria o la compra de bienes durables.

El efecto más grave de la inflación en los hogares de menores recursos que registra actualmente el país es que el rubro con mayores alzas es el de los alimentos, pues las investigaciones indican que las familias que ganan el mínimo o menos, se ven obligadas a destinar entre $400.000 y $500.000 mensuales a la compra de alimentos. En pocas palabras, el 40% o 50% de su salario, porque la comida es un asunto de supervivencia. La lógica de cualquier persona es que primero compra los alimentos básicos y, si queda

dinero, atiende necesidades como vivienda, servicios públicos y otras obligaciones.

Cuando esta situación se compara con la de un hogar que reciba más del mínimo mensual, las diferencias son notables. Por ejemplo, si alguien gana $2.000.000 al mes, aun si destinara $600.000 a la compra de alimentos, este gasto le representa apenas un poco más del 33% de su sueldo. Es más, si la comparación se hace con quien tenga un ingreso de $5.000.000 al mes, y destine $1’000.000 a la compra de alimentos, el porcentaje de gasto en este rubro es de apenas el 20% de los recursos percibidos, lo que indica que, en periodos de alta inflación de alimentos, como sucede actualmente, el golpe más fuerte lo recibe quien gana el salario mínimo o menos. El problema actual de la inflación en Colombia radica en que precisamente esto es lo que está sucediendo.

Las cifras del DANE indican que en los últimos 12 meses (hasta el pasado mes de abril) la inflación de alimentos fue de 26,17%, en tanto que productos como la papa y los huevos, que hacen parte de la dieta de las familias de menores ingresos, aumentaron 77,47% y 35,17% respectivamente.

Ante este panorama, la pregunta que surge es ¿cómo frenar las actuales presiones inflacionarias?

La lógica económica indica que el Banco de la República debe subir las tasas de interés para que a la gente le salga más caro endeudarse y disminuya sus compras, especialmente con tarjeta de crédito. Al haber menor demanda, los precios bajan y la inflación se reduce. Es más, el Emisor ya lo hizo. Entre septiembre del 2021 y abril del 2022 subió su tasa de 1,75% a 6%.

No obstante, la inflación sigue disparada. En septiembre pasado, el IPC de 12 meses era de 4,51%, en tanto que en abril del presente año se ubicó en 9,23%. Esto puede  indicar dos cosas: que el aumento de tasas del Emisor no ha surtido el efecto esperado o que si no hubiera sido por esa medida probablemente el país ya tendría una inflación de dos dígitos.

En mi opinión, la razón por la que el incremento de las tasas no ha frenado la carestía, radica en que la inflación que registra Colombia es propiciada en buena medida por el rubro de alimentos, cuya actividad requiere de un ciclo productivo para incrementar su oferta.

En otras palabras, los cultivos (arroz, papa, yuca, plátano, frutas, verduras y todos los demás), al igual que la producción de huevos, carne y leche, no responden a las decisiones del Banco de la República de subir la tasas, sino que deben cumplir sus ciclos de siembra, crecimiento, desarrollo, obtención, recolección de las cosechas y el proceso de comercialización.

Es que la agricultura no funciona como la industria. Mientras una fábrica puede de la noche a la mañana prender sus máquinas y duplicar sus turnos para acelerar la producción dependiendo la demanda, en la agricultura o el sector pecuario no es posible hacer que las plantas y los animales anticipen su producción. No me imagino a un avicultor esperando que las gallinas pongan hoy el huevo que tenían previsto para mañana.

La realidad del campo es que el alza de tasas de interés, a cambio de mitigar la inflación de alimentos, lo que hace es incrementarla, porque si a los campesinos o empresarios rurales les sale más caro obtener crédito para sus proyectos de productivos, lo que ellos hacen es reducir las áreas sembradas, el número de vacas productores de leche o el encarecimiento de pollos de engorde o ponedoras.

El resultado de este comportamiento es que, aunque salgan las cosechas, habrá menos producción y, por tanto, los precios no bajarán en la proporción que se requiere para volver a la normalidad en materia inflacionaria, es decir, que se cumpla el rango meta

fijado por el Banco de la República, que es de entre 2% y 4%, con una media del 3% anual.

En conclusión, aunque la junta directiva del Emisor empezó a subir sus tasas desde septiembre del año pasado, hasta abril de 2022 la inflación no había cedido.

Toca esperar a que salgan las cosechas. Falta ver si los precios regresarán a los niveles de hace un año, lo cual no creo mucho, porque los costos de producción subieron demasiado. Por ahora, lo único cierto es que del aumento del 10% del salario mínimo ya no queda nada: esa platica se esfumó.